A partir del viernes 9 de enero de 2026, en México comenzó el registro obligatorio de líneas celulares, una medida impulsada como parte de un esquema de control que busca reforzar la seguridad y la verificación de identidad, con el propósito de evitar fraudes telefónicos. Esta disposición, publicada en los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles en el Diario Oficial de la Federación, establece que todos los usuarios deben vincular su número móvil a un titular debidamente identificado.
Sin embargo, a un mes de que finalice el plazo para cumplir con este requisito, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha dado a conocer que la respuesta ciudadana ha sido menor a la esperada. De las aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas existentes en el país, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% de la población usuaria desde el inicio del proyecto de seguridad.
De acuerdo con los lineamientos oficiales, los proveedores de servicio deberán proceder a la suspensión temporal de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas a un titular a partir del 1° de julio de 2026. Durante este periodo de suspensión, el servicio únicamente permitirá llamadas a números de emergencia, como el 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador correspondiente. Es importante señalar que esta suspensión no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea se encuentre restringido.
A pesar de las consecuencias establecidas, la población mexicana se mantiene escéptica ante el proceso, lo que se refleja en la baja colaboración para el registro de líneas. Esta situación ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación, ante la inminencia de que alrededor de 128 millones de líneas telefónicas permanezcan sin registrar a un mes de que concluya el periodo estipulado.
En respuesta a este panorama, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación de los mexicanos. La estrategia de difusión contempla el uso de redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, tanto estatales como comerciales, extendiéndose incluso al transporte público, como el Metro y el Metrobús.
La escasa respuesta ante una medida de seguridad tan relevante invita a la reflexión sobre la confianza ciudadana en los procesos oficiales y la importancia de preservar la seguridad y la identidad en un entorno cada vez más digitalizado.
