El miércoles 3 de junio de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, militar vinculado al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Martínez Chávez, de 32 años, es buscado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. El ICE informó que el detenido permanecerá bajo su custodia “hasta que pueda ser enviado de regreso” a nuestro país.
Cabe recordar que Enrique Martínez Chávez aún formaba parte del Ejército Mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa conmocionó a la nación y generó un profundo descontento social. Este caso, que permanece envuelto en múltiples teorías y vacíos de información, ha sido objeto de investigaciones que apuntan a la participación del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado al narcotráfico, como responsable del ataque y la desaparición de los jóvenes.
Antes de convertirse en prófugo, Martínez Chávez integraba el 27 Batallón de Infantería. En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas relacionadas con el caso, entre ellas 16 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, incluido Martínez Chávez. Sin embargo, un mes después, en septiembre de 2022, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, entre ellas la de Enrique Martínez Chávez, según documentos obtenidos por EL PAÍS.
Entre los militares señalados también figuraba Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala en el momento de los hechos. A diferencia de Hernández Nieto, todos los demás militares en la lista estaban acusados también de desaparición forzada.
Este episodio evidenció un conflicto interno entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), dependencia encargada de la investigación, pues fuentes cercanas señalaron que la solicitud de cancelar las órdenes de captura no provino de esta unidad especializada.
Doce años después de aquella trágica noche, el caso Ayotzinapa sigue siendo un tema sensible y doloroso para México y, en particular, para las familias de abolengo que han exigido justicia y verdad. Hace apenas tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar “la totalidad” de la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) sobre el caso, tras una demanda presentada en 2023 por los familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta acción judicial respondió a la negativa de las autoridades militares a proporcionar la documentación completa, reflejando el lento avance y las dificultades que persisten en la investigación.
En medio de este contexto, la detención de Enrique Martínez Chávez en territorio estadounidense representa un paso relevante para la búsqueda de justicia, aunque el camino para esclarecer plenamente los hechos y honrar la memoria de los jóvenes normalistas continúa siendo largo y complejo.
