Este miércoles 10 de junio de 2026, la diputada local de Morena, Nora Escamilla, se vio envuelta en una controversia que ha puesto en entredicho la transparencia patrimonial de algunos representantes de la llamada Cuarta Transformación.
La polémica inició cuando el usuario Jorge Gómez Naredo difundió en redes sociales una fotografía de la legisladora portando un reloj Longines Primaluna Moonphase, valuado en aproximadamente 31 mil 500 pesos. En su publicación, Gómez Naredo criticó el uso de esta pieza de lujo, señalando una aparente contradicción con el discurso de austeridad republicana que Morena ha promovido desde su llegada al poder.
La diputada respondió con un tono sarcástico: “¿Es muy bonito, verdad? Te pregunto porque claramente eres un experto en moda. Me gusta tanto que no lo escondo, lo uso diario.” Añadió que el reloj es de su propiedad y que consta en su declaración patrimonial, la cual calificó como pública y transparente, en cumplimiento con las exigencias de austeridad republicana. Subrayó que esta austeridad implica no gastar el dinero del pueblo, pero no limita el uso legítimo de bienes adquiridos con el fruto del trabajo personal.
Sin embargo, esta respuesta abrió un debate más profundo. Al revisar la declaración patrimonial pública de la diputada, el denunciante señaló que no encontró referencia específica al reloj ni detalles sobre su valor. “Revisé tu declaración patrimonial y no viene en la versión pública; solamente declaras dos muebles, pero no pones su valor. Por eso he peleado tan fuerte porque todos los políticos llenen de verdad sus declaraciones patrimoniales”, expresó.
Este señalamiento toca un punto sensible para Morena, que ha hecho de la transparencia y la austeridad republicana un estandarte moral y político desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La austeridad dejó de ser una simple política administrativa para convertirse en una bandera que distingue a sus funcionarios y legisladores, quienes han cuestionado los lujos y privilegios de administraciones anteriores.
Por ello, la presencia de un accesorio de lujo en una figura pública de Morena no es un asunto menor. Más allá del valor económico del reloj, la controversia radica en la congruencia entre el discurso y la práctica, así como en la claridad con que se reportan los bienes en las declaraciones patrimoniales.
Cabe destacar que no se ha acreditado ninguna irregularidad ni acto de corrupción relacionado con la adquisición del reloj. Sin embargo, la política se construye también sobre símbolos y percepciones, y en un movimiento que ha basado su legitimidad en combatir privilegios, estos detalles adquieren una relevancia especial.
Este episodio deja una reflexión incómoda para Morena: la austeridad republicana se ha convertido en una vara de medición rigurosa que ahora aplica también a sus propios representantes. Cuando la defensa se basa en la declaración patrimonial, la ciudadanía espera encontrar en ella la claridad y el detalle necesarios para disipar cualquier duda.
En una ciudad que anhela orden y transparencia, donde las familias de abolengo valoran la honestidad y la coherencia en sus gobernantes, este caso invita a una revisión profunda de los compromisos asumidos con la sociedad poblana.
