Durante el tercer fin de semana de junio de 2026, trascendió un audio en el que Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, manifiesta su intención de sostener una reunión con funcionarios del consulado de Estados Unidos en Tijuana para buscar un acuerdo.
Este hecho ocurre un año después de que se le cancelara su visa de turista, medida que también afectó a su esposo, Carlos Torres Torres, en mayo de 2025. En aquella ocasión, se dio a conocer que el gobierno estadounidense revocó la visa del señor Torres Torres, y días después, la propia gobernadora informó que su documento migratorio había sido cancelado.
En la grabación, la mandataria morenista subraya la importancia de mantener el diálogo con las autoridades estadounidenses y asegura estar tranquila y dispuesta a colaborar. “Para mí es importante. Estoy tranquila, me he reunido con las agencias que me han buscado y estoy en la mejor disposición”, señala.
Durante la conversación, que incluye la traducción simultánea del inglés al español entre un funcionario estadounidense y uno de sus colaboradores, Ávila Olmeda expresa su voluntad de resolver y aclarar cualquier situación, pero insiste en que sea a través de su abogado quien gestione los trámites jurídicos.
La gobernadora explicó que su representante legal reside en Miami, Florida, y que decidió contratar a un abogado fuera de Baja California para evitar filtraciones sobre los procedimientos que se llevan a cabo. Añadió que dicho abogado viaja a la entidad “cuando se requiere, una vez al mes”.
Este episodio se suma a la compleja relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, y pone en evidencia la importancia de mantener canales de comunicación claros y respetuosos para preservar la estabilidad y el orden en la frontera, aspecto fundamental para las familias y el desarrollo armónico de nuestras comunidades.
