Cuatro usuarios han presentado una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de no informar adecuadamente que los juegos digitales vendidos en la PlayStation Store son licencias revocables y no propiedad definitiva. La controversia surge en el contexto de la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025, que prohíbe el uso de términos como «comprar» o «adquirir» sin una advertencia clara sobre la naturaleza temporal de estas licencias.
El reclamo legal señala que, aunque la tienda digital incluye textos legales en el proceso de compra, estos son tan pequeños que pasan desapercibidos para el consumidor promedio, generando la falsa impresión de que los juegos son propiedad permanente, al igual que un disco físico o un objeto tangible.
Esta demanda llega en un momento de creciente descontento entre la comunidad global de jugadores, tras varios cierres de servidores que han dejado inaccesibles títulos por los que se pagó el precio completo. Un caso reciente dentro del ecosistema de Sony es el del videojuego Destruction AllStars, exclusivo para PS5 y lanzado en 2021, que fue retirado de la tienda y cuyo servicio en línea cerró en mayo de 2026. Actualmente, solo queda disponible un modo para un jugador que desaparecerá definitivamente el próximo 25 de noviembre, dejando el juego inutilizable para quienes lo adquirieron.
Este fenómeno comenzó a tomar fuerza en 2023, cuando Ubisoft desconectó los servidores de The Crew, un juego de conducción en línea, eliminando incluso los modos locales. Este hecho motivó a la asambleísta Jacqui Irwin a impulsar la ley AB 2426 en California. A raíz de estos cierres, se ha consolidado el movimiento internacional Stop Killing Games, que busca que las editoras permitan a las comunidades mantener servidores privados o jugar sin depender de los servidores oficiales.
Además de esta demanda por transparencia, Sony enfrenta otros procesos legales en Estados Unidos durante 2026. Entre ellos destaca un acuerdo preliminar aprobado por un tribunal federal para resolver una demanda antimonopolio (Caccuri v. Sony) que acusa a la empresa de inflar precios al impedir que tiendas minoristas vendieran códigos digitales, obligando a comprar exclusivamente en la PS Store. Los usuarios afectados recibirán compensaciones automáticas tras la audiencia final programada para el 15 de octubre de 2026.
También en mayo pasado se presentó una querella masiva que acusa a Sony de lucrar doblemente durante la crisis de aranceles, al aumentar el precio de la PS5 por impuestos aduaneros y retener las devoluciones millonarias sin trasladar ese beneficio a los consumidores.
Mientras los tribunales evalúan si Sony debe modificar los términos de su tienda digital para reflejar con claridad que se trata de licencias y no de propiedad, la industria observa con atención un caso que podría transformar la forma en que se adquieren contenidos digitales, exigiendo mayor honestidad y respeto hacia los usuarios.
