María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, hizo pública una denuncia de violencia familiar a través de una serie de videos difundidos en su canal de YouTube. En ellos, la señora Jiménez expone ser víctima de agresiones por parte de su esposo y solicita ayuda directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los videos, cuya fecha de grabación se estima el 15 de marzo de 2026, muestra con claridad los hechos que motivaron la denuncia pública. En la descripción de las grabaciones, María Felicia advierte que al romper el silencio enfrenta graves consecuencias: la pérdida de su empleo, su patrimonio, su vivienda y la custodia de sus hijos menores. Señala que esta situación se agrava por la cercanía de Rodríguez Padilla con altos funcionarios del gobierno federal, incluyendo gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado.
“En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa”, afirmó la mujer en su mensaje.
El material audiovisual, que dura poco más de cinco minutos, exhibe una escena de violencia física y verbal. En él, el exdirector de Pemex forcejea con María Felicia por un portadocumentos verde, mientras un menor de edad presencia la situación y se retira hacia las escaleras. Durante la disputa, Rodríguez Padilla lanza a su esposa contra un sillón y la somete sujetándola del cabello. La mujer logra levantarse y cerrar la puerta que da a la calle, pero el agresor regresa con un palo para intentar destruir la cámara de seguridad que registra los hechos.
La señora Jiménez recupera el portafolio y resiste las agresiones, que incluyen golpes y empujones, hasta que el video termina.
En su denuncia, María Felicia cuestiona la coherencia entre el discurso público de su esposo, quien ha defendido la soberanía energética y la igualdad de género en foros como Pemex y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), y su conducta privada. “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, concluye la mujer.
Este caso pone en evidencia la complejidad de la vida familiar en el entorno de altos funcionarios y la necesidad de que las autoridades garanticen la protección de las víctimas, preservando el orden y la justicia que toda familia merece.