Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG, quien se dedicaba a la falsificación de documentos aduaneros para facilitar el traslado de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini Silva tiene participación en diversas empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.; OJ Living Trust, SAPI de C.V.; RK Real King, S.A. de C.V.; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo individuo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagomez, señalado por su papel en el pago de sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera, con el fin de asegurar el transporte del combustible ilícito. Ruiz Villagomez está vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., las cuales, según el Departamento del Tesoro, han realizado transacciones por decenas de millones de dólares en Estados Unidos con personas relacionadas al CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a Jomadi Logistics & Cargo como una empresa de importación y exportación involucrada en actividades de narcotráfico, según la información proporcionada por el gobierno estadounidense.
Como parte de estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que, tras un análisis fiscal, financiero y colaborativo, integró a Oscar Guillermo Juraidini Silva y a Refugio Ruiz Villagomez en la lista de personas bloqueadas, debido a indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Este anuncio se suma a los esfuerzos conjuntos para combatir el robo de combustible, un problema que afecta la seguridad y el orden en nuestras comunidades, y que demanda acciones firmes para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias poblanas.
