La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra en el centro de una controversia que va más allá de las acusaciones por un presunto autosecuestro, pues documentos oficiales revelan una aparente inconsistencia en la secuencia de sus estudios profesionales.
De acuerdo con información consultada en plataformas gubernamentales, la presidenta municipal concluyó una maestría en administración pública el 13 de agosto de 2018 en el Instituto Universitario del Estado de México, antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, cuyo título fue registrado con fecha del 31 de agosto de 2018, apenas 13 días después.
Esta cronología plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, pues el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública establece que para ingresar a estudios de maestría es indispensable contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto la totalidad de los créditos de ese nivel cuando el posgrado forme parte de una opción de titulación.
Hasta el momento, no existe una explicación pública que aclare si Nancy Nápoles había concluido previamente todos los créditos de la licenciatura o si las fechas corresponden a distintos momentos administrativos del proceso de titulación. El Instituto Universitario del Estado de México no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por EMEEQUIS, y la alcaldesa tampoco ha emitido declaración alguna sobre esta discrepancia.
Además, la revisión de la información pública revela que gran parte de los datos curriculares de la presidenta municipal permanecen reservados o incompletos. En la Plataforma Nacional de Transparencia sólo se encontró un formato que indica que laboró como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este escrutinio ocurre en un contexto delicado, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene que Nancy Nápoles habría participado en la simulación de un secuestro para justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal. La alcaldesa ha rechazado estas acusaciones y asegura que fue víctima de un secuestro real. En un mensaje difundido en redes sociales, denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y solicitó que el fiscal general conozca directamente su caso.
Así, mientras la investigación penal sigue su curso, la ciudadanía de Tenancingo y de Puebla observa con atención el desarrollo de este caso, que pone en entredicho no sólo la integridad de una servidora pública, sino también la transparencia y el orden que deben prevalecer en la administración pública y en la formación académica de quienes la representan.
