El pasado fin de semana, a través de redes sociales, surgieron fuertes señalamientos contra el influencer y empresario mexicano Luisito Comunica y sus socios, quienes administran los restaurantes asiáticos Deigo Ramen y Deigo Sushi. Presuntos trabajadores de estos establecimientos denunciaron que la empresa les informó que no habrá reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025, argumentando que supuestamente «no se generaron ganancias sujetas a distribución».
La denuncia, difundida por una cuenta de tendencias, incluye el testimonio de un supuesto empleado que cuestiona la incongruencia entre la falta de utilidades y la apertura continua de nuevas sucursales, centros de producción y alianzas comerciales.
Además de Luisito Comunica, se señala como principal responsable a Yoshitake Yanagi Casillas, junto con los socios Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y una nueva socia llamada Lily Chenlu.
Entre las acusaciones destacan:
– Un «bono» de silencio: para evitar protestas por la ausencia de utilidades, se habría entregado un apoyo extraordinario de apenas 2 mil pesos.
– Supuesta evasión fiscal: se acusa a la empresa de cambiar de razón social cada año sin informar a los trabajadores, presuntamente para evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
– Sueldos pagados parcialmente en efectivo: los encargados y altos mandos no cuentan con seguro social, y a los jefes de cocina se les da de alta con un sueldo menor al real, complementado con pagos en efectivo o transferencias bajo el concepto de «complemento de nómina».
– Condiciones laborales adversas: se denuncia que si un trabajador falta o llega tarde, se le descuentan las propinas del día completo, bajo el argumento de que «el restaurante lo requiere». También se menciona el deterioro de las sucursales, que «se están cayendo a pedazos», y se solicita una inspección de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Cabe recordar que el pago de utilidades es un derecho constitucional para los trabajadores, aunque la ley permite que una empresa no las otorgue si demuestra legalmente ante las autoridades que no obtuvo ganancias.
Por el momento, estas acusaciones permanecen en el ámbito de las redes sociales, sin confirmación ni resolución oficial por parte de las autoridades laborales. Habrá que esperar el desenlace de esta controversia que ha puesto en entredicho la gestión empresarial de Luisito Comunica y sus socios.
