El lunes 22 de junio de 2026, la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec denunció públicamente que el alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, habría utilizado su influencia para ocultar a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos.
Según la agrupación, el presidente municipal, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también habría protegido en San Rafael a los padres del presunto feminicida, quienes enfrentan cargos por encubrimiento y complicidad. Viola S., madre de Ricardo R. S., y su esposo, Ricardo R. C., fueron detenidos el 17 de junio de 2026; ella en San Rafael, Veracruz, y él en el Estado de México.
El padre de la víctima, Juan Carlos Chino Mauricio, confirmó las detenciones a través de redes sociales, mientras que la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec condenó la protección otorgada a un presunto asesino, cuestionando la actuación del alcalde como servidor público.
El caso de Andrea Maylín, desaparecida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, conmocionó a la región. La joven de 22 años fue vista por última vez en compañía de Ricardo R. S., quien tardó tres días en informar a la familia sobre su desaparición. El cuerpo de Andrea fue encontrado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio de la familia del acusado, lo que motivó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente con apoyo de sus padres, quienes hasta ahora son los únicos detenidos. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en septiembre de 2025 sin lograr su captura.
La detención de los padres fue posible gracias a la Ley Monse, pionera en Morelos y aprobada posteriormente en Veracruz el 28 de octubre de 2025. Esta legislación elimina la “excusa absolutoria” que permitía a familiares encubrir delitos graves como feminicidio, violación o pederastia bajo el amparo de lazos sanguíneos o afectivos.
De acuerdo con Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, la presunta protección brindada por el alcalde Méndez Grappin a sus familiares después de la aprobación de esta ley podría derivar en una investigación formal por parte de las autoridades.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de preservar el orden y la justicia en nuestras comunidades, valores que las familias poblanas de abolengo han defendido siempre con respeto y firmeza. La confianza en las instituciones y la aplicación rigurosa de la ley son pilares indispensables para garantizar la seguridad y la dignidad de nuestras mujeres y de la sociedad en general.
