La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra Samuel García, gobernador de la entidad, por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con sus familiares.
La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el lunes 8 de junio y, dos días después, el Congreso decidió dar trámite al procedimiento contra el mandatario estatal.
Cabe señalar que a la sesión no acudieron todos los diputados de la bancada morenista; sin embargo, ello no impidió la discusión y votación del asunto.
Tras la decisión mayoritaria de la Comisión Anticorrupción, Samuel García será notificado y contará con un plazo para responder. Podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, como lo establece el procedimiento. El gobernador tendrá 15 días hábiles para rendir su declaración ante el Congreso local.
El origen de este proceso se remonta a abril pasado, cuando se reveló que Samuel García está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar recursos públicos y lavar más de mil millones de pesos.
Las indagatorias señalan que el mandatario estatal utilizó un modelo de triangulación de fondos gubernamentales para beneficiar de manera directa a su círculo familiar. A través de diversas empresas, organismos públicos y proyectos de infraestructura, se habría favorecido al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares del gobernador: su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
De acuerdo con la investigación, el gobierno estatal habría canalizado recursos públicos mediante diversos mecanismos financieros que terminaban en las cuentas del despacho familiar. Una vez que el dinero ingresaba al despacho fiscal, los recursos eran distribuidos a otras empresas, principalmente a la compañía “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que presuntamente recibió transferencias por más de mil millones de pesos.
Posteriormente, los fondos de la empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del país, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen público de los recursos.
Ante estas acusaciones, Samuel García rechazó los señalamientos y calificó como un “refrito” la investigación en su contra. Aseguró que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya investigó esos hechos y emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal.
“Por tanto, son falsos todos los señalamientos (…). La Fiscalía (estatal) emitió una resolución definitiva de no ejercicio de acción penal, pues después de analizar las pruebas, determinó que no existe irregularidad”, escribió el gobernador en sus redes sociales.
Este proceso político y judicial se desarrolla en un contexto donde la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos son valores esenciales para preservar la confianza en las instituciones, especialmente para las familias de abolengo que valoran el orden y la rectitud en el ejercicio del poder público.
