La controversia en torno al contrato por 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por parte de la Dirección de Convenciones y Parques de Puebla ha escalado en los últimos días, luego de que la titular del organismo, Michelle Talavera, reconociera que el creador de contenido fue su pareja sentimental, aunque negó categóricamente que existiera un conflicto de interés en la adjudicación del acuerdo.
En una entrevista reciente, la funcionaria explicó que la relación había concluido antes de la firma del contrato, por lo que aseguró que no influyó en la decisión administrativa. Sin embargo, Talavera se negó a revelar la identidad de los demás influencers que, según la versión oficial, participaron en la estrategia de difusión, argumentando que se trata de datos personales.
Este silencio ha generado nuevas críticas de diversos sectores, que consideran indispensable transparentar quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y el monto recibido por cada participante, especialmente cuando se trata de recursos públicos.
La controversia se originó tras la revelación del contrato CP-PS-26-ENE-03, firmado para la promoción de espacios administrados por Convenciones y Parques. Una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos que cumplían con el contrato, pero señaló que el costo representaría un sobreprecio en comparación con las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto el influencer como la dependencia aseguraron que el contrato no se limitaba a la producción de videos, sino que incluía la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido, la cual, según el organismo, logró incrementar el alcance de sus redes sociales y la afluencia a los parques.
No obstante, la negativa de la directora a transparentar la red de influencers ha intensificado las críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes insisten en que la máxima transparencia y rendición de cuentas deben prevalecer cuando se manejan recursos públicos.
Hasta el momento, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que determine la existencia de conflicto de interés o irregularidad en la contratación. Sin embargo, el caso continúa alimentando el debate sobre los estándares éticos y de transparencia que deben observar los servidores públicos, especialmente cuando adjudican contratos a personas con las que mantuvieron relaciones personales.
En una ciudad que demanda orden y claridad en la gestión pública, este episodio subraya la importancia de preservar la confianza de las familias poblanas en sus instituciones, respetando siempre los principios de honestidad y responsabilidad que caracterizan a nuestra tradición.
