El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer una revisión exhaustiva a la Policía municipal de San Andrés Cholula, tras descubrir que 152 de sus elementos carecen de la acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó esta irregularidad y exhortó al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar esta situación a la brevedad posible.
Aguilar Pala subrayó que los policías deben cumplir con los procesos de certificación, evaluación y acreditación establecidos por las autoridades nacionales en materia de seguridad pública. Estos mecanismos son esenciales para garantizar que los elementos cuenten con la capacitación adecuada y los controles de confianza necesarios para desempeñar sus funciones con responsabilidad y respeto a la ciudadanía. “Es un tema que debe solventarse”, afirmó el funcionario al referirse a los 152 policías que actualmente operan sin la acreditación correspondiente.
Esta revelación se produce en un contexto delicado, marcado por la polémica generada tras la detención de Ariana N, una madre de familia que fue sometida por policías municipales de San Andrés Cholula el pasado 11 de junio, en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula.
El secretario de Gobernación hizo un llamado enérgico al gobierno municipal para que se respeten los protocolos de actuación policial y de detención de personas. Señaló que durante el procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y de sus dos hijos menores de edad, quienes estuvieron presentes durante la intervención que posteriormente se viralizó en redes sociales.
Las imágenes difundidas mostraron a la mujer sometida por varios elementos mientras sus hijos lloraban e intentaban acercarse a ella, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante este escenario, el Gobierno estatal solicitó al Ayuntamiento de San Andrés Cholula reforzar la capacitación de sus elementos y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente en situaciones donde haya menores de edad involucrados.
La revisión a la corporación municipal y las críticas sobre la actuación policial colocan a la administración de Guadalupe Cuautle bajo una presión creciente, mientras continúan las investigaciones de derechos humanos y el proceso para regularizar a los policías sin acreditación.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura detallada respecto a los señalamientos realizados por la Secretaría de Gobernación estatal.
