Este miércoles 17 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió su competencia para estudiar la constitucionalidad de la prohibición absoluta de la eutanasia y el suicidio asistido en las leyes sanitarias mexicanas.
El caso que motiva esta decisión proviene de una persona que solicitó la protección de la justicia contra la Ley General de Salud y el Código Penal de la Ciudad de México, debido a que ambas normativas prohíben el acceso a la eutanasia. La promovente, quien ha dedicado su vida profesional a asistir a personas con enfermedades terminales y actualmente enfrenta un diagnóstico de cáncer, argumenta que imponer como única forma jurídicamente válida de morir la llamada “muerte natural” vulnera el derecho a la autonomía y al desarrollo de la libre personalidad.
Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García recordó que países como Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia desde 2002, Canadá desde 2016 y Colombia desde 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó este procedimiento. Sin embargo, aclaró que la aceptación de discutir el tema no implica una postura a favor o en contra, sino únicamente la disposición del Máximo Tribunal para debatir y fijar un criterio sobre esta materia.
El ministro Irving Espinosa Betanzo, quien junto con Hugo Aguilar Ortiz solicitó atraer el amparo al pleno, destacó la trascendencia excepcional de que la Corte se pronuncie sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía señaló que este caso representa una oportunidad para que la Suprema Corte establezca un criterio novedoso en torno a estos procedimientos.
En la votación realizada este miércoles, ocho ministros se pronunciaron a favor de atraer el asunto, mientras que la ministra María Estela Ríos González fue la única que no apoyó la atracción del caso. El ministro presidente Aguilar Ortiz garantizó que este tema será de suma importancia para la sociedad y que, tras esta decisión, se procederá a analizarlo a profundidad y a dar el debate correspondiente.
Así, la SCJN inicia un proceso que podría marcar un antes y un después en la legislación mexicana sobre el derecho a decidir en el final de la vida, un asunto que toca fibras sensibles en nuestra sociedad, donde la defensa de la vida y la dignidad humana son valores fundamentales para las familias poblanas.
