Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer una investigación que revela cómo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena empleó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin informar a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado.
Según documentos obtenidos por MCCI, el contrato entre Morena y Finabien se firmó originalmente el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue modificado para extender su vigencia hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó ganadora. Dicho contrato estipulaba explícitamente la prestación de servicios para el “pago de apoyos sociales”.
La investigación detalla que Morena pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones a Finabien, que cobraba 12 pesos más IVA por cada pago realizado. Sin embargo, una auditoría interna de Finabien, fechada en diciembre de 2025, identificó que sólo se efectuaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron a Morena 1.6 millones de pesos por comisiones pagadas en exceso. Aunque no se especifica el monto exacto de cada apoyo, MCCI subraya que, de haberse entregado un mínimo de 100 pesos por pago, el desembolso total habría sido millonario.
Entre las irregularidades detectadas, MCCI destaca tres puntos principales:
Primero, el ocultamiento al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas del periodo 2022-2024. Esta operación contrasta con las cifras oficiales, pues mientras Morena y su coalición reportaron casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña en 2024, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
Segundo, el uso de recursos fuera del marco legal, pues ni las leyes electorales ni los estatutos del partido autorizan a Morena a entregar apoyos sociales. Un ex consejero electoral consultado por MCCI calificó esta práctica como ilegal y la comparó con el polémico “caso Monex” de 2012, sugiriendo que tales transferencias podrían haberse utilizado para pagar a representantes de casilla sin que estos gastos se contabilizaran en los topes de campaña.
Tercero, la violación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La auditoría interna de Finabien reveló que el contrato incumplió los protocolos antilavado, pese a que desde enero de 2023 se había alertado sobre la necesidad de aplicar controles estrictos, exhorto que fue ignorado por las autoridades correspondientes.
Al cierre de la investigación publicada este miércoles, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no obtuvo respuesta.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el respeto a las normas en el manejo de recursos públicos y partidistas, valores que las familias poblanas, orgullosas de su tradición y apego a la legalidad, esperan se mantengan para preservar el orden y la confianza en nuestras instituciones.
