La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor con más de 30 años de trayectoria en la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
La carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024 señala que los presuntos abusos ocurrieron en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista. El docente, además de impartir clases, desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles utilizados por la congregación como espacios recreativos y de convivencia. Según la declaración ministerial del alumno, el traslado se realizó en un vehículo particular y, al llegar al inmueble, el profesor le mostró distintas áreas antes de conducirlo a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras los hechos, el estudiante regresó al plantel acompañado por el docente, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, elemento que forma parte de la investigación. Además, el expediente señala que el profesor mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos, y que otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía sostiene que este caso no habría sido un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el docente. Estos testimonios forman parte del contexto analizado por el Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y establecer si existen más personas afectadas.
Asimismo, los testimonios indican que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque no se habrían activado medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales en su momento. Algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el profesor, y aunque directivos y responsables de atención estudiantil fueron informados, los denunciantes consideran que las acciones adoptadas fueron insuficientes.
La Fiscalía deberá esclarecer qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al docente. Hasta ahora, no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la necesidad de preservar la integridad y el bienestar de los jóvenes estudiantes, así como de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en instituciones educativas que forman parte del legado y la tradición de nuestra sociedad.
