Las autoridades de los Países Bajos confirmaron recientemente el primer caso de eutanasia practicada a un niño de entre 1 y 12 años, desde que en febrero de 2024 entró en vigor la normativa que permite este procedimiento en menores con enfermedades incurables que sufren de manera insoportable y sin perspectivas de mejoría.
La ministra neerlandesa de Salud, Sophie Hermans, informó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar casos relacionados con la interrupción tardía del embarazo y la terminación de vida en recién nacidos y niños recibió la notificación a finales del año pasado y concluyó su examen del caso hace pocos días.
De acuerdo con la ministra, la comisión revisó el expediente, escuchó al médico responsable y remitió su dictamen a la Fiscalía, que ahora debe determinar si el facultativo actuó conforme a la legislación vigente. No se ha revelado la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía, en respeto a la privacidad y sensibilidad del asunto.
La legislación vigente desde febrero de 2024 amplió el marco legal para permitir la eutanasia en niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal y sufran de manera insoportable, siempre que cuenten con el consentimiento de los padres y la evaluación de al menos un médico independiente.
Este caso es el primero registrado desde la ampliación de la ley, que anteriormente sólo contemplaba la eutanasia en recién nacidos y en menores mayores de 12 años. Al momento de aprobarse la normativa, se estimó que alrededor de cinco niños al año podrían cumplir con los requisitos para acceder a este procedimiento, en su mayoría con anomalías congénitas o enfermedades metabólicas.
La introducción de esta posibilidad ha generado un intenso debate político y ético en los Países Bajos. Partidos conservadores y confesionales han cuestionado la regulación, mientras que asociaciones médicas han defendido la necesidad de un marco legal que atienda situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.
Por otra parte, la comisión reportó que en 2025 recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo, todas relacionadas con fetos afectados por graves daños cerebrales derivados de infecciones congénitas por citomegalovirus. En estos casos, los médicos actuaron tras constatar la ausencia de tratamientos capaces de mejorar el pronóstico, y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían padecido discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil manejo y dependencia total de cuidados. La comisión concluyó que los médicos actuaron conforme a los requisitos legales de diligencia.
Este acontecimiento, sin duda, marca un hito en la legislación neerlandesa y abre un espacio para la reflexión profunda sobre los límites éticos y legales en el cuidado de los más vulnerables.
