La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) inició una investigación formal por actos de tortura cometidos presuntamente por elementos de la policía municipal de Coquimatlán contra un detenido.
Los hechos salieron a la luz a través de un video difundido en la página “Alerta Coquimatlán”, donde se observa a una persona con las manos atadas a la espalda mientras dos policías realizan prácticas de tortura. La autenticidad de estas imágenes fue confirmada por la CDHE, que levantó la queja CDHE/1V/139/2026.
El Ayuntamiento de Coquimatlán fue notificado formalmente y tiene un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio de 2026, para presentar un informe detallado sobre lo ocurrido.
En un comunicado, la Comisión expresó su condena categórica: “La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”.
Por su parte, el Ayuntamiento emitió un posicionamiento público en sus redes sociales, asegurando que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal involucrados serán investigados y enfrentarán las consecuencias jurídicas y administrativas correspondientes.
“En esta administración no seremos omisos ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que deben regir el servicio público. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal”, afirmó el Ayuntamiento.
Además, adelantó que se actuará con firmeza, respetando en todo momento el debido proceso y garantizando que cualquier conducta indebida sea investigada y atendida conforme a derecho. Refrendó también su compromiso permanente con la protección y el respeto de los derechos humanos, velando siempre por la dignidad, la integridad y las garantías de todas las personas.
Estos hechos, que conmocionan por su gravedad, subrayan la necesidad de mantener un orden y respeto irrestricto a la ley, valores que deben prevalecer en toda función pública para preservar la confianza y la seguridad de nuestras comunidades.
